CADAL septiembre de 2010
Hay varias cosas sobre este caso: en primer lugar continuó con su protesta silenciosa hasta las últimas consecuencias, hasta morir; en segundo término, estuvo literalmente detenido contra su voluntad en una institución de salud estatal; y en tercer término, le acompañó un silencio cómplice por parte de diversas autoridades que debieron velar por sus derechos, tal como la Defensoría del Pueblo.
El conjunto de la sociedad que dice defender derechos democráticos se olvidó de la protesta de este hombre, que básicamente le exigía al Estado que rectificara y que él, como pequeño productor agropecuario, pudiese volver a las tierras de su fundo Iguaraya, que resultaron invadidas el 28 de mayo de 2003.
El año pasado Brito se cansó de las citaciones a tribunales y de acuerdos con entidades como el Instituto Nacional de Tierras, pues no tenían efecto real en el derecho que le asistía de recuperar sus tierras. El último año en la vida de Brito se dividió en dos partes, la primera con una huelga de hambre a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA); la segunda, con huelgas intermitentes dentro de las instalaciones del Hospital Militar de Caracas al cual fue llevado en contra de su voluntad.
Brito, con su singular protesta, básicamente reclamó atención, tanto del Estado para la rectificación que nunca llegó, como de la sociedad para que solidarizara con su lucha. A fin de cuentas, Brito hizo uso del recurso extremo de no ingerir alimentos para expresar su punto de vista. Su fallecimiento lo ratificó como un hombre de palabra. Murió en silencio.
Con la protesta de Brito estamos en presencia de una clara demostración de cómo el ciudadano de a pie en Venezuela tiene negado el espacio para exigir rectificaciones del Estado, cuando éste hace el uso arbitrario del poder. Según el testimonio suyo, se cansó de asistir a tribunales que básicamente se mueven por razones bolivarianas, es decir se mueven cuando hay bolívares de por medio. Brito se enfrentó a la ausencia de canales efectivos para que la voz del ciudadano pueda hacerse oír.
Tampoco el rol de la Defensoría del Pueblo sale bien parado. Ha debido ser precisamente la defensoría la que debió actuar para defenderle ante los abusos del Estado y la falta de respuestas para rectificar una vez que se tomaron las decisiones erróneas en torno a sus tierras. Al contrario, la defensoría no ha defendido al pueblo, que en este caso era una persona concreta, Franklin Brito, sino que actuó en contra de éste, optando por favorecer al Estado.
La reclusión de Brito en unas instalaciones hospitalarias en contra de su voluntad fue también una forma de acallar su protesta, y de intentar que ésta tuviese menos impacto público. Es decir, fue otra manera de cercenar el derecho a la expresión. Esta pérdida de libertad fue refrendada por entidades que debieron defenderle, pero que le endilgaron una supuesta insanía mental; a fin de cuentas se trató de desacreditarlo a los ojos del público. Su muerte, por el contrario, lo reivindica.
Con Franklin Brito, en el fondo, no estuvo en juego sólo un asunto de tierras, sino el derecho a expresarse de un ciudadano. La sociedad democrática no debería olvidarlo.
*Andrés Cañizález es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y miembro de la Red Puente Democrático Latinoamericano.
